Acuerdo Banasupro y TSC
El magistrado presidente Ricardo Alfredo Montes Nájera y el gerente general de Banasupro, Aarón Gerardo Reaños Aguilera, durante la firma del convenio.
Firma de Acuerdo entre Banasupro y TSC
El TSC y Banasupro oficializaron un convenio de cooperación para iniciar un proceso de fiscalización de la gestión administrativa y financiera de la entidad.

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), suscribieron hoy un Convenio de Cooperación Interinstitucional, con el propósito de verificar la gestión de los últimos cinco años de la entidad gubernamental.

 

El Convenio fue firmado por el magistrado presidente del TSC, Ricardo Alfredo Montes Nájera y el gerente general de Banasupro, Aarón Gerardo Reaños Aguilera, en un acto oficial celebrado en el Salón del Pleno del ente contralor del Estado.

 

Según el acuerdo, el TSC practicará una Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal en Banasupro con el fin de verificar la gestión administrativa y financiera de los fondos manejados durante el período comprendido del 01 de julio de 2021 al 26 de enero de 2026.

 

Al respecto, el TSC conformará una comisión multidisciplinaria de auditoría para realizar su labor, la cual estará conformada por un supervisor, jefe de equipo y auditores.

 

Como resultado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal el TSC presentará un informe que será del conocimiento de las máximas autoridades de Banasupro, el cual contendrá comentarios, conclusiones, deficiencias contables, financieras y administrativas, si las hubiere.

 

Asimismo, se brindarán recomendaciones, de obligatoria implementación, con la finalidad que la entidad mejore su gestión.

 

Por su parte, Banasupro nombrará un enlace a fin de facilitar la labor del TSC, proporcionar un espacio físico y logística para el desempeño del trabajo de la Comisión Auditora, entregar en tiempo y forma la información y documentación requerida, entre otros compromisos.

 

El TSC reitera su firme compromiso de cumplir la delegación constitucional de velar por el correcto uso y destino de los fondos públicos, realizando auditoría e investigaciones especiales con objetividad, profesionalismo, con las garantías del debido proceso y a la normativa legal vigente.